Contraloría detecta pago irregular a trabajadora municipal con doble ingreso del Estado en Quellouno

#cusco#aprimerahora.com.-  La Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Quellouno, luego de identificar que una servidora pública percibió ingresos de manera simultánea de dos entidades estatales, situación expresamente prohibida por la normativa vigente. El caso evidencia una seria debilidad en los mecanismos de fiscalización interna y control administrativo dentro de la actual gestión municipal.

Doble percepción de recursos públicos

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 5647-2026-CG/GRCU-AOP, la trabajadora Tania Margot Oros Paucar fue contratada por la Municipalidad de Quellouno bajo el régimen CAS durante el año 2024. Sin embargo, al mismo tiempo también prestó servicios para la Municipalidad Distrital de San Sebastián mediante orden de servicio, recibiendo pagos por S/ 15 mil durante julio de ese mismo año.

Negligencia administrativa evidente

La Contraloría recordó que ningún servidor público puede recibir más de una remuneración o ingreso proveniente del Estado, salvo excepciones específicas contempladas por ley. Pese a ello, en Quellouno no se detectó ni se impidió oportunamente esta incompatibilidad, lo que refleja negligencia administrativa y una preocupante falta de supervisión en el manejo de personal y recursos públicos.

Pasividad política del alcalde

El informe también deja en evidencia la pasividad del alcalde de Quellouno, quien como máxima autoridad edil tiene la responsabilidad de garantizar transparencia y cumplimiento de la ley en su administración. La ausencia de acciones preventivas y correctivas frente a estos hechos compromete la credibilidad de la gestión municipal y genera cuestionamientos ciudadanos sobre la conducción del gobierno local.

Exigen sanciones y medidas inmediatas

Ante esta situación, la Contraloría recomendó al titular de la entidad adoptar acciones inmediatas para corregir las irregularidades detectadas y disponer el deslinde de responsabilidades administrativas o legales que correspondan. La población espera respuestas claras, sanciones ejemplares y el fin de prácticas que afectan la confianza pública y el correcto uso del dinero del Estado.

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