Locales
Cuatro congresistas cusqueños relacionados con la presunta organización criminal de la Fiscal de la Nación
#APRIMERAHORA# CUSCO.-Cuatro de los cinco congresistas que tiene la región del Cusco, fueron denunciados y relacionadas con la presunta organización criminal que estaría liderando la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien en un mensaje responsabilizo al gobierno de Dina Boluarte
Entre los parlamentarios involucrados en la presunta organización criminal encabezada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para remover a la Junta Nacional de Justicia, designar al Defensor del Pueblo e inhabilitar a la fiscal Suprema Zoraida Ávalos, se encontrarían los 4 congresistas cusqueños, entre ellos Luís Ángel Aragón, Katy Ugarte, y los legislativos beneficiados con el archivo de uno de sus casos Guido Bellido y el mismo presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, según se revela en el documento del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde se dispuso la detención preliminar de uno de los asesores de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva.
Según la tesis fiscal, Patricia Benavides, habría “negociado” a través de sus asesores, los votos congresales para la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera, donde se encontraría el cusqueño Luís Ángel Aragón de las filas de Acción Popular, quién tiene investigaciones pendientes.
El asesor Villanueva envió una lista de que congresistas estaban aptos para votar y con la atingencia de cuantos tenían investigaciones, en el caso de los legisladores cusqueños Luís Ángel Aragón y Katy Ugarte (No agrupada), fueron catalogados con la descripción “Niño 2”; eso significaba que estaban en el grupo de los parlamentarios investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En caso del congresista cusqueño, Guido Bellido Ugarte se encuentra en la denominación de “Niño 3”, donde están los parlamentarios denunciados por el presunto delito de cohecho pasivo propio, presuntamente por haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación al entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva (18 de noviembre del 2021).
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