Dirigente de la entidad cultural da 10 días al Gobierno Regional para actuar o anuncia acciones legales

#aprimerahoracusco.com.- Una nueva controversia enfrenta al Gobierno Regional del Cusco con representantes de los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC-Cusco).Ricardo Teves Hancco, delegado de la Asamblea Popular del Cusco y dirigente sindical de la entidad cultural informó haber presentado una carta notarial al gobernador regional Werner Máximo Salcedo Álvarez, mediante la cual exige acciones para impulsar la transferencia de la entidad cultural al ámbito regional.

De acuerdo con el documento citado por el dirigente, el Gobierno Regional tendría un plazo de 10 días hábiles para informar sobre las medidas que adoptará. De no obtener respuesta, Teves Hancco advierte que promoverá acciones legales y administrativas.

Entre los problemas señalados figuran la ejecución presupuestal de la DDC-Cusco, obras arqueológicas paralizadas, cuestionamientos relacionados con la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu y la situación de la sede institucional.

El dirigente sostiene que estas dificultades evidenciarían problemas estructurales y administrativos que requieren atención urgente para garantizar la adecuada protección del patrimonio cultural.

La exigencia también se sustenta, según el documento, en la Ordenanza Regional N.° 214-2022-CR/GR Cusco y en disposiciones de la Ley N.° 29565, relacionadas con el proceso de transferencia de las Direcciones Desconcentradas de Cultura hacia los gobiernos regionales.

Teves Hancco plantea que el Ejecutivo regional gestione ante el Ministerio de Cultura la transferencia efectiva de la DDC-Cusco y, mientras ello ocurra, adopte medidas para atender las obras paralizadas, transparentar los procesos vinculados a los boletos de Machu Picchu y resolver los problemas administrativos denunciados.

La advertencia contempla, según la carta, la posibilidad de recurrir al Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República y Congreso de la República.

El caso coloca nuevamente en debate la descentralización de la gestión cultural en Cusco y el papel que debe asumir el Gobierno Regional en la administración y protección del patrimonio.

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