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Edwin Licona afronta pedido fiscal de 10 años y 8 meses de prisión por presuntas irregularidades en el hospital Lorena

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#aprimerahoracusco.com.- El exgobernador regional del Cusco, Edwin Licona Licona, afronta un pedido del Ministerio Público de 10 años y 8 meses de prisión por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en la investigación relacionada con la contratación de empresas para elaborar el expediente técnico del saldo de obra y equipamiento del hospital Antonio Lorena.

Los hechos investigados se remontan a 2015, durante su gestión al frente del Gobierno Regional del Cusco. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita su inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo y el pago de una multa de S/ 4,309.

Según la acusación fiscal, la contratación directa de Argola Arquitectos y Planeamiento Urbano Arquitectura e Ingeniería S.L.P. y de la empresa supervisora GOC S.A. habría presentado presuntas irregularidades. El Consejo Regional aprobó la contratación por situación de emergencia mediante el Acuerdo N.° 011-2016-CR/GRC Cusco, del 10 de febrero de 2016, por un monto de S/ 2 millones 44 mil 412, y el contrato se suscribió el 17 de febrero de ese año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el procedimiento se habría realizado fuera del plazo de emergencia y que los términos de referencia habrían sido modificados para favorecer a las empresas involucradas.

En este mismo proceso, la Fiscalía solicita 12 años de prisión para Óscar Medrano, exdirector regional de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Otros investigados afrontan pedidos de entre cuatro y diez años y ocho meses de cárcel, según los delitos atribuidos y el grado de participación que les asigna la acusación.

La situación de Licona vuelve a generar atención pública tras su elección como consejero regional, debido a las implicancias que el caso podría tener en el ámbito político e institucional. No obstante, los requerimientos de pena formulados por la Fiscalía no constituyen condenas firmes y corresponde al Poder Judicial determinar las responsabilidades penales, con respeto a la presunción de inocencia.

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