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Fiscalía abre investigación preliminar por presuntas irregularidades en proyecto de seguridad ciudadana de San Sebastián
#aprimerahoracusco.com.- La Fiscalía, a través de la fiscal Gladys Aparicio, dispuso el inicio de una investigación preliminar por ocho meses, en el marco de la Carpeta Fiscal N.° 364-2026, contra la alcaldesa de San Sebastián, Jiménez Chuquitapa, algunos regidores, funcionarios municipales y el representante del Consorcio Techquk, por presuntos actos de corrupción relacionados con un convenio para el alquiler de postes de Electro Sur Este destinados a la instalación de fibra óptica y cámaras de videovigilancia.
Como parte de las diligencias, la burgomaestre deberá presentarse ante la Policía Nacional, en la unidad de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), el próximo 7 de diciembre a las 10:30 a. m. Según la disposición referida, en caso de inasistencia injustificada podría ordenarse su conducción compulsiva, conforme al procedimiento legal correspondiente.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de San Sebastián, Francisco Chutas, cuestionó el desarrollo del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana.
Según sus declaraciones, la obra habría contado inicialmente con un presupuesto aproximado de S/ 24 millones, monto que posteriormente habría superado los S/ 56 millones.
Chutas también señaló que, en el año 2020, la ejecución del proyecto estaba programada para aproximadamente un año y seis meses. Sin embargo, sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, no existirían cámaras operativas, situación que exige una explicación documentada por parte de las autoridades responsables.
El dirigente cuestionó, además, las presuntas ampliaciones de plazo y modificaciones técnicas, y afirmó que la municipalidad debió evaluar la aplicación de penalidades contractuales ante eventuales incumplimientos de la empresa encargada.
La investigación fiscal deberá esclarecer si existieron irregularidades en la contratación, ejecución y administración de los recursos públicos, así como determinar las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de los hechos investigados.
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