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En Espinar 10 comunidades se declaran en pie de lucha contra la minera Antapaccay

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#cusco# aprimerahora.- El corredor minero de la provincia de Espinar se declara en pie de lucha, desde este fin de semana mas de 10 comunidades originarias se declaran en paro indefinida contra la minera Antapaccay que incumple compromisos públicos, y esta lucha es en defensa de sus territorios y el medio ambiente.

Las comunidades que acatan esta jornada de lucha son de Alto Huarca, Huarca, Cala Cala, Antaccollana, Huisa, Huisa Ccollana, Suero y Cama, Alto Huancané, Huancané Bajo y Tintaya Marquiri quienes asumen medida de fuerza contundentes

La medida de fuerza, según informaron surge como respuesta a los reiterados incumplimientos tanto del Estado peruano como de la empresa minera Antapaccay (subsidiaria de Glencore).

Entre las demandas que tienen las comunidades exigen la nulidad de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y suspensión de sus trámites, reparación integral por los daños ambientales acumulados en sus territorios.

Asi mismo exigen la consulta Previa auténtica y vinculante, conforme al Convenio 169 de la OIT, Paralización de la Planta de Óxidos, cuya operación consideran ilegal,suspensión de operaciones de Antapaccay, denunciando saqueo de recursos y criminalización de sus dirigente.

Las comunidades han alertado sobre la manipulación en los procesos de Consulta Previa, la existencia de contaminación ambiental comprobada (según informes de OEFA y FEMA-Cusco) y la persecución a líderes comunales que alzan su voz contra la actividad extractiva.

#agenciadenoticias

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Contraloría detecta graves irregularidades en concurso CAS de la Municipalidad de Canas

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#usco#aprimerahora.com.- El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en el desarrollo del concurso público CAS N.° 001-2026 de la Municipalidad Provincial de Canas, advirtiendo un alto riesgo en la contratación de personal que no cumpliría con los requisitos exigidos para ejercer funciones públicas.

De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N.° 024-2026-OCI/0383-SOO, la entidad edil habría omitido ejecutar la fiscalización posterior de los expedientes presentados por los postulantes ganadores y aptos, vulnerando los principios de legalidad y presunción de veracidad establecidos en la normativa vigente.

Entre los hallazgos más graves, la Contraloría reveló que el título profesional del postulante ganador para la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de Información, identificado con las iniciales LDV, así como el título técnico del postulante apto VLC, no figuran registrados en las plataformas oficiales de la SUNEDU ni del Ministerio de Educación.

Asimismo, el ente de control detectó presuntas inconsistencias en la experiencia laboral declarada por algunos postulantes. En el caso del ganador para Asistente Legal, identificado como MCHP, y del postulante apto EIP, se encontraron superposiciones de fechas y duplicidad laboral simultánea en distintas provincias, situación que pone en duda la autenticidad de la información presentada para acceder a los cargos.

El informe también advierte que varios postulantes seleccionados no acreditarían el perfil mínimo requerido para ocupar puestos públicos. Por ejemplo, la seleccionada como Asistente Técnico de Tránsito, identificada como EACC, no sustentó contar con título técnico ni experiencia en Control Gubernamental. Del mismo modo, el postulante designado como Jefe de Seguridad Ciudadana, identificado con las iniciales AHJ, no acreditó los años de servicio en la Policía Nacional del Perú consignados en su expediente.

A ello se suman múltiples observaciones formales en otros expedientes evaluados. Según la Contraloría, al menos siete postulantes omitieron firmas obligatorias, alteraron el orden cronológico de sus documentos, presentaron folios incompletos y no llenaron las declaraciones juradas obligatorias relacionadas al parentesco y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Ante estas irregularidades, el OCI solicitó con carácter urgente un informe sobre las acciones correctivas adoptadas por la comuna provincial. Sin embargo, mediante el Oficio N.° 020-2026-SCI-GM/MPC, el gerente municipal reconoció que la entidad aún no ha realizado la revisión posterior correspondiente, dejando dicha medida pendiente pese a que los trabajadores ya vienen ejerciendo funciones administrativas.

La Contraloría advirtió que esta omisión genera un grave escenario de incertidumbre respecto a la legalidad de las contrataciones y podría ocasionar que la municipalidad formalice pagos con recursos públicos a personal que no reúne las condiciones exigidas por ley.

Finalmente, el organismo fiscalizador alertó que esta situación podría derivar en la nulidad de los actos administrativos realizados por dichos trabajadores, además de generar perjuicio económico para la provincia y eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios involucrados en el proceso de selección.

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Procurador de Chamaca renuncia tras escándalo por presunto desvío de cemento

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#cusco#aprimerahora.com.- El procurador publico de la Municipalidad Distrital de Chamaca, abogado Edwin Alejandro Colque Quispe, presentó su renuncia irrevocable en medio de fuertes cuestionamientos por presuntos actos de corrupción relacionados al desvío de cien bolsas de cemento.

Según el documento dirigido al gerente municipal, economista Freddy Almansa Barriga, el ahora exprocurador señaló que en reiteradas oportunidades solicitó información sobre la ejecución de obras donde se habrían detectado hechos presuntamente dolosos; sin embargo, afirmó que no existieron las condiciones adecuadas para cumplir sus funciones de defensa jurídica.

La dimisión ocurre luego de las denuncias que involucran al alcalde Domingo Salas Centeno, quien habría ordenado el traslado de cien bolsas de cemento hacia la vivienda de la madre de una trabajadora municipal. De acuerdo con las versiones difundidas, el material habría sido transportado utilizando un volquete de la comuna distrital.

Asimismo, se informó que inicialmente la familiar indicó que el cemento había sido comprado, aunque posteriormente habría señalado que las bolsas serían devueltas cuando la Policía realizara la inspección correspondiente.

Frente a este hecho, presidentes de diversas comunidades campesinas de Chamaca emitieron pronunciamientos públicos exigiendo una investigación rigurosa y transparente sobre el presunto desvío de materiales de construcción.

El caso viene generando preocupación entre la población y mayores pedidos de intervención por parte de las autoridades competentes.

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Gremios de Canchis acatan huelga y piden investigación y cambios de funcionarios de la UGEL

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#cusco#aprimerahora.com.- Los gremios sindicales de la provincia de Canchis acatan desde ayer miércoles una medida de protesta convocada por las organizaciones SITME, SUTE y SITASE, quienes exigen a las autoridades educativas regionales evaluar la permanencia de funcionarios de confianza de la UGEL Canchis, debido a presuntas irregularidades denunciadas por los dirigentes sindicales.

Según informaron, el pedido se sustenta en diversos documentos, informes de control y denuncias administrativas que consideran de interés público y que, aseguran, deben ser investigados por las instancias correspondientes.

Entre los principales cuestionamientos figura la Directora de la UGEL Canchis, a quien los sindicatos señalan por un presunto encubrimiento al personal de la jefatura de Asesoría Legal. Los dirigentes mencionan posibles irregularidades vinculadas al uso de licencias laborales, así como observaciones contenidas en un informe de control institucional.

Asimismo, la jefatura de Administración enfrenta denuncias relacionadas con el manejo de documentación institucional y observaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional respecto al almacenamiento de bienes públicos.

De igual manera, la jefatura de Gestión Institucional es cuestionada por su participación en un proceso de acceso a una plaza administrativa, situación que, según los gremios, debe ser esclarecida por las autoridades competentes.

Los dirigentes sindicales también expresaron preocupación por un presunto conflicto de intereses en un proceso interno de evaluación institucional, por lo que demandan la intervención de la Gerencia Regional de Educación del Cusco y de los órganos de control correspondientes.

Las organizaciones sindicales solicitaron que se determinen responsabilidades, de existir estas, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las personas involucradas.

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