#aprimerahoracusco.com.-El Gobierno nacional declaró en estado de emergencia por peligro inminente de déficit hídrico en diversos distritos de 17 departamentos del país, entre ellos la región Cusco, por un período de 60 días calendario. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM, publicado el 11 de octubre de 2026 en el diario oficial El Peruano y busca reducir los riesgos ante la posible escasez de agua durante el período de lluvias 2026-2027.

En la región Cusco, la declaratoria comprende las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba, según la información proporcionada. La inclusión específica de cada distrito deberá verificarse con el anexo oficial de la norma.

La disposición responde a la disminución progresiva de los caudales de agua, la reducción de los volúmenes almacenados en los embalses y los escenarios climáticos asociados al fenómeno El Niño, factores que incrementan el riesgo de desabastecimiento y podrían afectar a la población, la actividad agrícola y la ganadería.

Durante la vigencia de la emergencia, el Gobierno Regional del Cusco y las municipalidades comprendidas deberán implementar medidas inmediatas para reducir los riesgos, atender las posibles afectaciones y ejecutar acciones de rehabilitación.

Estas intervenciones se realizarán bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con la participación de los sectores competentes.

La norma establece, además, que las acciones previstas serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Ante este escenario, las autoridades deberán adoptar medidas preventivas para optimizar el uso del agua y reducir los posibles impactos del déficit hídrico en las comunidades rurales y urbanas de la región.

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#aprimerahoracusco.com.- Ante los incendios forestales que afectan a diferentes provincias de la región Cusco, el gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, junto con el director de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, Miguel Oscco Abarca, sostuvo una reunión de coordinación con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, y representantes de la Fuerza Aérea del Perú.

El encuentro tuvo como objetivo articular acciones para reforzar la respuesta frente a las emergencias y coordinar el apoyo aéreo necesario para contribuir a la mitigación de los incendios forestales.

Durante la reunión se abordó la disponibilidad de un helicóptero para apoyar las labores de control del incendio registrado en Accha Alta, provincia de Calca, así como la atención de otros puntos críticos afectados por el fuego en la región.

Como parte de las acciones, las autoridades efectuaron un sobrevuelo de reconocimiento sobre las zonas afectadas para identificar los sectores de mayor riesgo, evaluar la magnitud de los siniestros y facilitar la planificación de las intervenciones en tierra y aire.

En estas labores de coordinación también participaron representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Compañía de Bomberos, la Quinta Brigada de Montaña, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y Agro Rural.

Las instituciones vienen articulando esfuerzos dentro de sus respectivas competencias para fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias forestales que amenazan los ecosistemas y generan preocupación entre las comunidades de la región.

El Gobierno Regional del Cusco señaló que continuará promoviendo el trabajo conjunto entre las entidades del Estado para atender las emergencias, proteger la vida de la población, preservar los recursos naturales y reducir los daños ocasionados por los incendios forestales.

La coordinación del apoyo aéreo representa una medida adicional para reforzar las operaciones de respuesta, especialmente en zonas donde la geografía y las condiciones meteorológicas dificultan el acceso de las brigadas terrestres.

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#aprimerahoracusco.com.- El proceso electoral en la región Cusco continúa en medio de cuestionamientos, recursos legales y la expectativa por el pronunciamiento definitivo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mientras se resuelven más de 45 actas observadas y la apelación vinculada al partido  Progresemos, la definición de los resultados para la elección de gobernador y vicegobernador permanece sujeta a las decisiones de las autoridades electorales.

De acuerdo con el último reporte consignado, Verónika Mendoza, candidata de la Alianza Electoral Venceremos, registra 211 mil 116 votos, equivalentes al 30,03 % de los votos válidos. En segundo lugar se ubica Héctor Acurio, de Ahora Nación, con 120 mil 736 votos, que representan el 17,17 %.

La diferencia entre ambos candidatos y la posibilidad de alcanzar el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta mantienen la atención sobre los procedimientos pendientes. No obstante, cualquier variación deberá determinarse conforme a las resoluciones oficiales de los organismos electorales.

JNE evaluará recurso relacionado con más de 68 mil votos de Progresemos

Uno de los puntos centrales del proceso es la situación de la fórmula de Progresemos para la gobernación y vicegobernación regional, cuya exclusión fue atribuida a una sentencia penal dolosa contra su candidato, Edy Cuellar.

La medida podría tener consecuencias sobre más de 68 mil votos emitidos a favor de dicha organización política, cuya eventual anulación deberá ser definida por la autoridad electoral competente.

Ante esta situación, el personero legal de Progresemos, Carlos Alberto Príncipe Gonzales, presentó un recurso de apelación luego de subsanar los requisitos formales relacionados con el pago de la tasa electoral y la acreditación de su abogada.

Mediante la Resolución N.° 03088-2026-JEE-CSCO/JNE, el Jurado Electoral Especial concedió la apelación y dispuso elevar el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en Lima, para que emita un pronunciamiento definitivo.

La decisión será determinante para establecer los efectos electorales de la controversia, aunque sus consecuencias concretas dependerán de lo que resuelva el máximo organismo electoral.

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