Para Cromwell Jara Jiménez

Yoqoq kutichimusqan..

Imapunitaqmi kani,

warmachu o taq salqachu,

runachu o taq ñaqaskachu?

Khuchi pukllachiq,

huk’uchallanmi kani.

Llaqtakunapas mancharisqa,

penq’arisqa manan qhawankuchu

wakchalla kasqankuta,

k’umillu purisqankuta,

ch’usaqyasqankuta.

Ima kawsaytaq kay Limari,

mana unuyoq, mana mikhuyniyuq,

mana illayuq, mana yachayniyuq,

qolqe sapa kamachiqkunataq

wiray wiray phatasankuña.

Iskay uya qharichakunataqmi

p’unchawpi millapakunku,

ch’isiyamuqtintaq,

warmikunawan puñupakunku

opayanankuqama.

Taytachapas pantakachanmi,

machu kuraq yukasqan,

manas taripaykumanchu makinta,

chay raykus millapawanku

manas apukunaq churinchu kayku.

Hatun wasiyuqmi rikukuni,

ch’askakunapas k’anchariwankun,

aqopampaypas hatunqaraymi.

Hanaqpachapipas pukllamunin

khuchichayta phakachakuspa.

Siraraykuna, wanwaykuna, ch’uspiykuna,

apasasankaykunan pukllaymasiq k’umpay,

paykunallan cheqaq yawarniykuna,

yachankun sonqo nanayniyta,

hawapaqtaq rumichakullani.

Sankhapiñan ch’utalayasani,

Sinchikunaq ranq’anchunwan,

wikapasqa saruchasqa wañuchisqa,

manan pillapas tapuriwanchu,

q’eachasqa yawarniymanta.

Imaynatan chayamurani,

ismusqa ch’itiqo, mana wañuq,

chayñallataqmi ripukapusaq,

khuchi patapi asiy asiyraq,

saqra runakunaq uyanpipuni.

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𝑨𝒍𝒆𝒋𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝑵𝒂𝒓𝒗𝒂́𝒆𝒛 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒓𝒂𝒔(*)

Han transcurrido más de veinte años desde el inicio de la explotación comercial de Camisea y persiste una paradoja difícil de justificar: el Perú produce y exporta gas natural, pero millones de ciudadanos del sur continúan sin acceso competitivo a ese recurso. Mientras Lima y Callao desarrollaron una extensa red de distribución, regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna siguen dependiendo, en gran medida, del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de otros combustibles más caros.

Varios gobiernos han pasado y la infraestructura necesaria no llegó. Por tanto, el atraso ya no puede atribuirse a una determinada administración: expresa una falla estructural de la política energética peruana.

Ahora, frente a este fracaso acumulado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) pretende acelerar la expansión mediante modificaciones contractuales negociadas directamente con Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). La urgencia por llevar gas al sur es legítima. Lo que no es legítimo es utilizar esa urgencia para reemplazar la licitación pública, transparencia y evaluación económica por una negociación bilateral entre el Estado y empresas que ya ocupan posiciones monopólicas.

La pregunta no es si Cálidda y TGP pueden invertir. Claro que pueden. La pregunta es otra: ¿son sus propuestas las mejores para el Perú? Y eso solo puede conocerse comparándolas.

𝐔𝐧𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐛𝐢𝐞𝐫𝐭𝐚

Las empresas Cálidda y TGP operan bajo la modalidad contractual BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), en virtud de la cual mantienen concesiones por un periodo de 30 años. Conforme a este esquema, ambas compañías asumen la responsabilidad de construir, poseer y operar la infraestructura hasta el vencimiento del plazo, tras lo cual dichos activos serán transferidos al Estado a título gratuito. No obstante, las recientes modificaciones propuestas superan el alcance de un ajuste menor, planteando variaciones estructurales en las condiciones originales del contrato.

En el caso de Cálidda se pretende extender la distribución hacia siete regiones fuera de Lima y Callao. En el caso de TGP, se plantea una expansión de la infraestructura de transporte hacia el sur.

Cuando una adenda incorpora nuevas inversiones, nuevos mercados, mayores obligaciones y nuevos horizontes contractuales, deja de ser razonable tratarla como una simple corrección marginal del contrato original. En términos económicos, puede terminar funcionando como una nueva concesión otorgada sin concurso.

Precisamente por eso resultan relevantes las observaciones formuladas por Osinergmin sobre la propuesta de Cálidda. Una de las cuestiones más delicadas es el eventual reconocimiento de valor residual sobre determinados activos durante una prolongación contractual. Si esos activos ya fueron remunerados mediante las tarifas pagadas por los usuarios durante la vigencia de la concesión, reconocer nuevamente su valor podría traducirse en un doble pago.

Por ello, cuando una modificación contractual se aproxima económica y materialmente a una nueva concesión, corresponde al Estado demostrar públicamente por qué la negociación directa genera mayor valor para el país que una licitación internacional competitiva.

𝟐,𝟔𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨́𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬

La magnitud de las cifras exige el máximo cuidado. Las propuestas de Cálidda y TGP implican una inversión cercana a los 2,600 millones de dólares, una cifra que descarta cualquier idea de que este cambio contractual sea irrelevante. La inversión privada exige retornos; todo capital busca recuperar lo invertido y obtener ganancias. Tarde o temprano, esa recuperación se trasladará a los usuarios a través de tarifas, cargos por transporte, capacidad contratada o ajustes regulatorios.

El MINEM debe condicionar la aprobación de cualquier extensión contractual a la publicación de cuatro variables clave: inversión reconocida, tarifa final esperada, tasa de rentabilidad y plazo real de recuperación. Sin estos datos, es prematuro dictaminar la conveniencia económica de un proyecto. Aunque una inversión sea técnicamente aceptable, será económicamente inviable si genera sobrecostos para el usuario o si perpetúa artificialmente un monopolio durante décadas.

𝐋𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫 𝐠𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚

Es crucial no confundir masificación con seguridad energética, nociones que suelen homologarse erróneamente. Si bien el transporte virtual de Gas Natural Licuado (GNL) viabiliza el desarrollo inicial de mercados con una inversión de capital moderada, sus costos operativos son crónicos debido a la cadena de licuefacción, flete vial y regasificación. La evidencia regulatoria local confirma esta rigidez: aun cuando Osinergmin redujo sustancialmente el costo reconocido del transporte virtual de 4.44 dólares a 1.37 dólares por MMBTU para el periodo 2025-2028, la tarifa integral final percibida por el usuario continuó indexada en aproximadamente 14.66 dólares por MMBTU.

Lo anterior evidencia que el gas virtual constituye una medida de transición y no un reemplazo definitivo para la infraestructura troncal que demanda el sur del país. Pese a demandar una mayor inversión inicial, el gasoducto asegura el transporte de grandes volúmenes a largo plazo, abasteciendo de manera integral a los sectores residencial, industrial, minero, eléctrico, vehicular y petroquímico. A diferencia de la distribución mediante cisternas, un gasoducto tiene el potencial de redefinir la matriz energética y la estructura productiva regional.

𝐄𝐥 𝐠𝐚𝐬𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚

El Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur (SITGAS) representa la solución estructural que el Estado mantiene postergada. El proyecto, cuya inversión estimada supera los 4,300 millones de dólares busca robustecer la seguridad energética y trasladar el gas hacia el Nodo Energético y las principales ciudades del sur. Aunque este desarrollo requiere un capital considerablemente mayor en comparación con el transporte virtual, reducir el análisis exclusivamente a los costos de inversión inicial sesga la evaluación del proyecto.

Para ser correcta, la comparación debe proyectarse a 30 o 40 años. El análisis debe incluir variables clave como: inversión, operación, mantenimiento, tarifas, confiabilidad y demanda industrial, además de su impacto en la generación eléctrica, la minería, el desarrollo regional y la seguridad energética. El país requiere conocer con certeza qué alternativa ofrece el menor costo económico y social a largo plazo; un objetivo que solo se logrará mediante estudios independientes, lejos de las presentaciones comerciales de las empresas interesadas.

𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐬

La desigualdad energética en el Perú posee una clara dimensión territorial. A pesar de que el gas de Camisea constituye un recurso de interés nacional, el impacto de su aprovechamiento es marcadamente asimétrico. La capital del país consolida desde hace años una robusta infraestructura de gas natural, en contraste con las regiones productoras y vecinas, que aún carecen de una masificación efectiva. Si bien el proyecto de Cálidda para abastecer a 150 mil hogares en siete regiones representa un progreso, resulta muy limitado frente al déficit estructural de la matriz energética del sur.

El éxito de la masificación va más allá del número de conexiones domiciliarias. Un gas competitivo impacta directamente en la competitividad industrial y minera al reducir costos energéticos. Además, es un motor clave para la generación eléctrica, el transporte, el empleo, la petroquímica y el desarrollo regional.

𝗟𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗠𝗜𝗡𝗘𝗠

En primer lugar, se debe suspender la aprobación apresurada de las adendas hasta disponer de evaluaciones independientes sobre el impacto tarifario, la rentabilidad, el valor por dinero y las alternativas disponibles.

En segundo lugar, cuando las modificaciones impliquen la inclusión de nuevos territorios, la apertura de nuevos mercados, inversiones sustanciales o extensiones contractuales significativas, estas deben someterse a mecanismos competitivos y transparentes.

En tercer lugar, acelerar definitivamente el proyecto SITGAS. Tras más de una década de estudios, reformulaciones y proyectos frustrados, es indispensable que el Estado establezca un cronograma vinculante.

En cuarto lugar, transparentar las reservas disponibles, la demanda firme, el costo fiscal, las tarifas futuras y la distribución de riesgos. Por su propio diseño, SITGAS requiere definir con exactitud la disponibilidad contractual de gas y la demanda (eléctrica, minera e industrial) necesaria para garantizar la viabilidad económica del proyecto.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀

Este debate no es una lucha entre el Estado y la empresa privada, ni pretende negar la participación de Cálidda o TGP. La verdadera discusión se centra en el modelo: licitación pública frente a negociación directa; infraestructura permanente frente a parches transitorios; rentabilidad privada frente a valor social; y planificación frente a improvisación contractual. Resulta alarmante que el MINEM intente resolver con adendas a dedo un problema energético que compromete miles de millones de dólares y el futuro de las políticas públicas por varias décadas.

Si las propuestas de Cálidda y TGP son las más convenientes, deberían demostrarlo frente a otras alternativas en un entorno competitivo. Resulta inaceptable que el histórico retraso del Estado en la masificación del gas se utilice como justificación para apresurar la aprobación de prórrogas o ampliaciones contractuales.

Aunque una adenda sea jurídicamente viable, la situación cambia drásticamente cuando compromete monopolios, miles de millones de dólares y tarifas amarradas por décadas. En estos escenarios, que un mecanismo sea legalmente posible no significa, ni de cerca, que sea conveniente para el Perú. L.091026

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* Expresidente de Petroperú y actual profesor principal de San Marcos

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• El encuentro nacional de Saber para Crecer reunió a 61 estudiantes y docentes de Lima, Piura, Cusco, Arequipa y Tacna.
• Los expertos José Luis Bonifaz, Pedro Gamio y Alicia Zegarra, así como representantes invitados de distintas instituciones públicas y privadas, participaron en el evento durante la semana en que el Perú eligió a sus nuevas autoridades regionales y locales.

#aprimerahoracusco.com.- En el Perú, los grandes proyectos de inversión y los conflictos sociales suelen compartir el mismo mapa. Actualmente, de los 92 conflictos socioambientales registrados por la Defensoría del Pueblo en agosto, dos de cada tres están relacionados con la minería, y Piura y Cusco figuran entre las cinco regiones con más casos. En este contexto, delegaciones universitarias de Arequipa, Cusco, Piura, Tacna y Lima se reunieron en el encuentro nacional de Saber para Crecer para debatir una pregunta central: ¿Cómo pueden los ciudadanos acceder a información clara y verificable sobre los proyectos que impactan sus territorios antes de que se tomen las decisiones y no después?

El evento se dio una semana antes de que los peruanos volvieran a las urnas para elegir a los 25 gobernadores regionales y cerca de 1,900 alcaldes que administrarán los recursos canon del país a partir de enero de 2027. Este contó con la participaron 61 estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa), la Universidad Andina del Cusco, la Universidad Privada Antenor Orrego (Piura), la Universidad Privada de Tacna y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima), junto con más de 10 representantes de distintas instituciones públicas y privadas, así como de medios de comunicación.

Cada delegación provenía de una región donde las preguntas centrales de la iniciativa se manifiestan de manera concreta: retrasos en infraestructura vial y transparencia en la ejecución de proyectos en Arequipa; minería, participación comunitaria y tensiones socioambientales a lo largo del corredor minero del sur en Cusco; infraestructura hídrica, desarrollo agrícola y rendición de cuentas en grandes proyectos en Piura; pesca artesanal, sostenibilidad marina y gobernanza marítima ante las preocupaciones por las flotas pesqueras de larga distancia en Tacna; y, en Lima, inversión minera extranjera, transparencia, participación comunitaria y salvaguardas para las comunidades que enfrentan procesos de reasentamiento.

El programa comenzó con las presentaciones de José Luis Bonifaz, profesor y director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Universidad del Pacífico y ex gerente general de SUNASS; y Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y profesor de la PUCP. Un tercer panel se realizó con la participación como experta invitada de Alicia Zegarra, magíster en Ciencias en Prosperidad Global por University College London (UCL) y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Perú necesita capital, particularmente inversión que traiga tecnología y cumpla con altos estándares, para acortar el tiempo que nos toma alcanzar mayores niveles de desarrollo”, explicó Pedro Gamio, vocero aliado de Saber para Crecer, durante su ponencia.

¿Que concluyeron las delegaciones presentes?

Durante la tarde, los estudiantes se organizaron en diez delegaciones y asumieron los roles de comunidades, gobiernos regionales y locales, empresas, organismos reguladores y medios de comunicación para debatir las condiciones bajo las cuales debería avanzar un gran proyecto de inversión, aplicando los principios de transparencia, sostenibilidad y participación ciudadana a una decisión que implicaba distintos intereses y desafíos.

“Cuando una empresa se presenta como sostenible, necesita seguir estándares claros, y las evaluaciones periódicas son importantes para verificar que los esté cumpliendo”, señaló uno de los estudiantes participantes. Este comentario, al igual que otras intervenciones durante la jornada, resaltaron la importancia de convertir los compromisos de sostenibilidad en prácticas verificables, con información clara y una supervisión continua que permita a las comunidades evaluar si un proyecto cumple con lo prometido.

Mientras el debate avanzaba, otra alumna manifestó que “para que la participación sea significativa, deben incluirse representantes de distintas instituciones de cada región, tomando en cuenta tanto a las comunidades rurales como urbanas y asegurando que los jóvenes tengan voz”.

De esta forma, las conclusiones recogidas por los participantes coinciden con los datos que el estudio nacional de Saber para Crecer viene recogiendo en diversas regiones. El mismo resaltó que el 85.4% de los encuestados en regiones como Áncash señalan que contar con información clara es esencial antes de que se apruebe un proyecto; el 77% en Piura exige información transparente antes de las aprobaciones; y el 92% en Apurímac indicó que apoyaría proyectos mineros siempre que existan rendición de cuentas, supervisión y beneficios tangibles. “Lo que la ciudadanía está pidiendo es claro: la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transparencia deben guiar cada nuevo proyecto que llegue a su región”, señaló José Luis Bonifaz, experto aliado de Saber para Crecer.

¿Qué es lo que sigue?

El intercambio abrió oportunidades para continuar trabajando con las universidades, aliados e instituciones participantes, que expresaron interés en profundizar los temas de la campaña desde sus contextos locales. Así, a partir de las perspectivas y aprendizajes recogidos, Saber para Crecer buscará impulsar nuevos espacios de encuentro entre jóvenes, académicos y especialistas, enfocados en la transparencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana desde la realidad de cada región.

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