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𝐀𝐝𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚: 𝐞𝐥 𝐌𝐈𝐍𝐄𝐌 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚

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𝑨𝒍𝒆𝒋𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝑵𝒂𝒓𝒗𝒂́𝒆𝒛 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒓𝒂𝒔(*)

Han transcurrido más de veinte años desde el inicio de la explotación comercial de Camisea y persiste una paradoja difícil de justificar: el Perú produce y exporta gas natural, pero millones de ciudadanos del sur continúan sin acceso competitivo a ese recurso. Mientras Lima y Callao desarrollaron una extensa red de distribución, regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna siguen dependiendo, en gran medida, del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de otros combustibles más caros.

Varios gobiernos han pasado y la infraestructura necesaria no llegó. Por tanto, el atraso ya no puede atribuirse a una determinada administración: expresa una falla estructural de la política energética peruana.

Ahora, frente a este fracaso acumulado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) pretende acelerar la expansión mediante modificaciones contractuales negociadas directamente con Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). La urgencia por llevar gas al sur es legítima. Lo que no es legítimo es utilizar esa urgencia para reemplazar la licitación pública, transparencia y evaluación económica por una negociación bilateral entre el Estado y empresas que ya ocupan posiciones monopólicas.

La pregunta no es si Cálidda y TGP pueden invertir. Claro que pueden. La pregunta es otra: ¿son sus propuestas las mejores para el Perú? Y eso solo puede conocerse comparándolas.

𝐔𝐧𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐛𝐢𝐞𝐫𝐭𝐚

Las empresas Cálidda y TGP operan bajo la modalidad contractual BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), en virtud de la cual mantienen concesiones por un periodo de 30 años. Conforme a este esquema, ambas compañías asumen la responsabilidad de construir, poseer y operar la infraestructura hasta el vencimiento del plazo, tras lo cual dichos activos serán transferidos al Estado a título gratuito. No obstante, las recientes modificaciones propuestas superan el alcance de un ajuste menor, planteando variaciones estructurales en las condiciones originales del contrato.

En el caso de Cálidda se pretende extender la distribución hacia siete regiones fuera de Lima y Callao. En el caso de TGP, se plantea una expansión de la infraestructura de transporte hacia el sur.

Cuando una adenda incorpora nuevas inversiones, nuevos mercados, mayores obligaciones y nuevos horizontes contractuales, deja de ser razonable tratarla como una simple corrección marginal del contrato original. En términos económicos, puede terminar funcionando como una nueva concesión otorgada sin concurso.

Precisamente por eso resultan relevantes las observaciones formuladas por Osinergmin sobre la propuesta de Cálidda. Una de las cuestiones más delicadas es el eventual reconocimiento de valor residual sobre determinados activos durante una prolongación contractual. Si esos activos ya fueron remunerados mediante las tarifas pagadas por los usuarios durante la vigencia de la concesión, reconocer nuevamente su valor podría traducirse en un doble pago.

Por ello, cuando una modificación contractual se aproxima económica y materialmente a una nueva concesión, corresponde al Estado demostrar públicamente por qué la negociación directa genera mayor valor para el país que una licitación internacional competitiva.

𝟐,𝟔𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨́𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬

La magnitud de las cifras exige el máximo cuidado. Las propuestas de Cálidda y TGP implican una inversión cercana a los 2,600 millones de dólares, una cifra que descarta cualquier idea de que este cambio contractual sea irrelevante. La inversión privada exige retornos; todo capital busca recuperar lo invertido y obtener ganancias. Tarde o temprano, esa recuperación se trasladará a los usuarios a través de tarifas, cargos por transporte, capacidad contratada o ajustes regulatorios.

El MINEM debe condicionar la aprobación de cualquier extensión contractual a la publicación de cuatro variables clave: inversión reconocida, tarifa final esperada, tasa de rentabilidad y plazo real de recuperación. Sin estos datos, es prematuro dictaminar la conveniencia económica de un proyecto. Aunque una inversión sea técnicamente aceptable, será económicamente inviable si genera sobrecostos para el usuario o si perpetúa artificialmente un monopolio durante décadas.

𝐋𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫 𝐠𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚

Es crucial no confundir masificación con seguridad energética, nociones que suelen homologarse erróneamente. Si bien el transporte virtual de Gas Natural Licuado (GNL) viabiliza el desarrollo inicial de mercados con una inversión de capital moderada, sus costos operativos son crónicos debido a la cadena de licuefacción, flete vial y regasificación. La evidencia regulatoria local confirma esta rigidez: aun cuando Osinergmin redujo sustancialmente el costo reconocido del transporte virtual de 4.44 dólares a 1.37 dólares por MMBTU para el periodo 2025-2028, la tarifa integral final percibida por el usuario continuó indexada en aproximadamente 14.66 dólares por MMBTU.

Lo anterior evidencia que el gas virtual constituye una medida de transición y no un reemplazo definitivo para la infraestructura troncal que demanda el sur del país. Pese a demandar una mayor inversión inicial, el gasoducto asegura el transporte de grandes volúmenes a largo plazo, abasteciendo de manera integral a los sectores residencial, industrial, minero, eléctrico, vehicular y petroquímico. A diferencia de la distribución mediante cisternas, un gasoducto tiene el potencial de redefinir la matriz energética y la estructura productiva regional.

𝐄𝐥 𝐠𝐚𝐬𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚

El Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur (SITGAS) representa la solución estructural que el Estado mantiene postergada. El proyecto, cuya inversión estimada supera los 4,300 millones de dólares busca robustecer la seguridad energética y trasladar el gas hacia el Nodo Energético y las principales ciudades del sur. Aunque este desarrollo requiere un capital considerablemente mayor en comparación con el transporte virtual, reducir el análisis exclusivamente a los costos de inversión inicial sesga la evaluación del proyecto.

Para ser correcta, la comparación debe proyectarse a 30 o 40 años. El análisis debe incluir variables clave como: inversión, operación, mantenimiento, tarifas, confiabilidad y demanda industrial, además de su impacto en la generación eléctrica, la minería, el desarrollo regional y la seguridad energética. El país requiere conocer con certeza qué alternativa ofrece el menor costo económico y social a largo plazo; un objetivo que solo se logrará mediante estudios independientes, lejos de las presentaciones comerciales de las empresas interesadas.

𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐬

La desigualdad energética en el Perú posee una clara dimensión territorial. A pesar de que el gas de Camisea constituye un recurso de interés nacional, el impacto de su aprovechamiento es marcadamente asimétrico. La capital del país consolida desde hace años una robusta infraestructura de gas natural, en contraste con las regiones productoras y vecinas, que aún carecen de una masificación efectiva. Si bien el proyecto de Cálidda para abastecer a 150 mil hogares en siete regiones representa un progreso, resulta muy limitado frente al déficit estructural de la matriz energética del sur.

El éxito de la masificación va más allá del número de conexiones domiciliarias. Un gas competitivo impacta directamente en la competitividad industrial y minera al reducir costos energéticos. Además, es un motor clave para la generación eléctrica, el transporte, el empleo, la petroquímica y el desarrollo regional.

𝗟𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗠𝗜𝗡𝗘𝗠

En primer lugar, se debe suspender la aprobación apresurada de las adendas hasta disponer de evaluaciones independientes sobre el impacto tarifario, la rentabilidad, el valor por dinero y las alternativas disponibles.

En segundo lugar, cuando las modificaciones impliquen la inclusión de nuevos territorios, la apertura de nuevos mercados, inversiones sustanciales o extensiones contractuales significativas, estas deben someterse a mecanismos competitivos y transparentes.

En tercer lugar, acelerar definitivamente el proyecto SITGAS. Tras más de una década de estudios, reformulaciones y proyectos frustrados, es indispensable que el Estado establezca un cronograma vinculante.

En cuarto lugar, transparentar las reservas disponibles, la demanda firme, el costo fiscal, las tarifas futuras y la distribución de riesgos. Por su propio diseño, SITGAS requiere definir con exactitud la disponibilidad contractual de gas y la demanda (eléctrica, minera e industrial) necesaria para garantizar la viabilidad económica del proyecto.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀

Este debate no es una lucha entre el Estado y la empresa privada, ni pretende negar la participación de Cálidda o TGP. La verdadera discusión se centra en el modelo: licitación pública frente a negociación directa; infraestructura permanente frente a parches transitorios; rentabilidad privada frente a valor social; y planificación frente a improvisación contractual. Resulta alarmante que el MINEM intente resolver con adendas a dedo un problema energético que compromete miles de millones de dólares y el futuro de las políticas públicas por varias décadas.

Si las propuestas de Cálidda y TGP son las más convenientes, deberían demostrarlo frente a otras alternativas en un entorno competitivo. Resulta inaceptable que el histórico retraso del Estado en la masificación del gas se utilice como justificación para apresurar la aprobación de prórrogas o ampliaciones contractuales.

Aunque una adenda sea jurídicamente viable, la situación cambia drásticamente cuando compromete monopolios, miles de millones de dólares y tarifas amarradas por décadas. En estos escenarios, que un mecanismo sea legalmente posible no significa, ni de cerca, que sea conveniente para el Perú. L.091026

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* Expresidente de Petroperú y actual profesor principal de San Marcos

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Universitarios de cinco regiones del Perú piden transparencia y participación ciudadana ante nuevos proyectos de inversión

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  • El encuentro nacional de Saber para Crecer reunió a 61 estudiantes y docentes de Lima, Piura, Cusco, Arequipa y Tacna.
  • Los expertos José Luis Bonifaz, Pedro Gamio y Alicia Zegarra, así como representantes invitados de distintas instituciones públicas y privadas, participaron en el evento durante la semana en que el Perú eligió a sus nuevas autoridades regionales y locales.

#aprimerahoracusco.com.- En el Perú, los grandes proyectos de inversión y los conflictos sociales suelen compartir el mismo mapa. Actualmente, de los 92 conflictos socioambientales registrados por la Defensoría del Pueblo en agosto, dos de cada tres están relacionados con la minería, y Piura y Cusco figuran entre las cinco regiones con más casos. En este contexto, delegaciones universitarias de Arequipa, Cusco, Piura, Tacna y Lima se reunieron en el encuentro nacional de Saber para Crecer para debatir una pregunta central: ¿Cómo pueden los ciudadanos acceder a información clara y verificable sobre los proyectos que impactan sus territorios antes de que se tomen las decisiones y no después?

El evento se dio una semana antes de que los peruanos volvieran a las urnas para elegir a los 25 gobernadores regionales y cerca de 1,900 alcaldes que administrarán los recursos canon del país a partir de enero de 2027. Este contó con la participaron 61 estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa), la Universidad Andina del Cusco, la Universidad Privada Antenor Orrego (Piura), la Universidad Privada de Tacna y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima), junto con más de 10 representantes de distintas instituciones públicas y privadas, así como de medios de comunicación.

Cada delegación provenía de una región donde las preguntas centrales de la iniciativa se manifiestan de manera concreta: retrasos en infraestructura vial y transparencia en la ejecución de proyectos en Arequipa; minería, participación comunitaria y tensiones socioambientales a lo largo del corredor minero del sur en Cusco; infraestructura hídrica, desarrollo agrícola y rendición de cuentas en grandes proyectos en Piura; pesca artesanal, sostenibilidad marina y gobernanza marítima ante las preocupaciones por las flotas pesqueras de larga distancia en Tacna; y, en Lima, inversión minera extranjera, transparencia, participación comunitaria y salvaguardas para las comunidades que enfrentan procesos de reasentamiento.

El programa comenzó con las presentaciones de José Luis Bonifaz, profesor y director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Universidad del Pacífico y ex gerente general de SUNASS; y Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y profesor de la PUCP. Un tercer panel se realizó con la participación como experta invitada de Alicia Zegarra, magíster en Ciencias en Prosperidad Global por University College London (UCL) y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Perú necesita capital, particularmente inversión que traiga tecnología y cumpla con altos estándares, para acortar el tiempo que nos toma alcanzar mayores niveles de desarrollo”, explicó Pedro Gamio, vocero aliado de Saber para Crecer, durante su ponencia.

¿Que concluyeron las delegaciones presentes?

Durante la tarde, los estudiantes se organizaron en diez delegaciones y asumieron los roles de comunidades, gobiernos regionales y locales, empresas, organismos reguladores y medios de comunicación para debatir las condiciones bajo las cuales debería avanzar un gran proyecto de inversión, aplicando los principios de transparencia, sostenibilidad y participación ciudadana a una decisión que implicaba distintos intereses y desafíos.

“Cuando una empresa se presenta como sostenible, necesita seguir estándares claros, y las evaluaciones periódicas son importantes para verificar que los esté cumpliendo”, señaló uno de los estudiantes participantes. Este comentario, al igual que otras intervenciones durante la jornada, resaltaron la importancia de convertir los compromisos de sostenibilidad en prácticas verificables, con información clara y una supervisión continua que permita a las comunidades evaluar si un proyecto cumple con lo prometido.

Mientras el debate avanzaba, otra alumna manifestó que “para que la participación sea significativa, deben incluirse representantes de distintas instituciones de cada región, tomando en cuenta tanto a las comunidades rurales como urbanas y asegurando que los jóvenes tengan voz”.

De esta forma, las conclusiones recogidas por los participantes coinciden con los datos que el estudio nacional de Saber para Crecer viene recogiendo en diversas regiones. El mismo resaltó que el 85.4% de los encuestados en regiones como Áncash señalan que contar con información clara es esencial antes de que se apruebe un proyecto; el 77% en Piura exige información transparente antes de las aprobaciones; y el 92% en Apurímac indicó que apoyaría proyectos mineros siempre que existan rendición de cuentas, supervisión y beneficios tangibles. “Lo que la ciudadanía está pidiendo es claro: la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transparencia deben guiar cada nuevo proyecto que llegue a su región”, señaló José Luis Bonifaz, experto aliado de Saber para Crecer.

¿Qué es lo que sigue?

El intercambio abrió oportunidades para continuar trabajando con las universidades, aliados e instituciones participantes, que expresaron interés en profundizar los temas de la campaña desde sus contextos locales. Así, a partir de las perspectivas y aprendizajes recogidos, Saber para Crecer buscará impulsar nuevos espacios de encuentro entre jóvenes, académicos y especialistas, enfocados en la transparencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana desde la realidad de cada región.

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Ante los últimos misiles electorales en la región: “Gobernabilidad y un Buen Gobierno es el nuevo reto de la izquierda en Cusco”

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POR : JESÚS MANYA SALAS

¿SUMANDO VOTOS A ESTAS ALTURAS LA IZQUIERDA, YA TIENE UNA MAYORÍA ELECTORAL EN CUSCO?

La izquierda ya tiene ganada las elecciones regionales en Cusco, si sumamos los votos de las tres listas regionales: Alianza Venceremos, Ahora Nación, Frente Regional Túpac y las listas provinciales y distritales de Juntos por el Perú pasan más allá del 50% del electorado; cada uno de ellos ha desplegado sus iniciativas en sus zonas y sectores de influencia. Claramente hay una mayoría electoral progresista.

¿SI HAY MAYORÍA ELECTORAL, PORQUE HAN SALIDO LOS MISILES ENTRE AHORA NACIÓN Y VENCEREMOS?

Es un error buscar el enfrentamiento entre partidos progresistas, pensando en la primera o segunda vuelta; normalmente, cuando hay avances significativos a veces surgen voces triunfalistas, como en el caso de Venceremos y algunos de sus sectores empiezan a calentarse la cabeza en que ganaran las elecciones en primera vuelta y por tanto menosprecian el concurso de otras fuerzas.

Nadie duda del talento del equipo de Mendoza de haber llevado a Venceremos del 1.5% de las elecciones nacionales, a estar ahora claramente en ventaja a los segundos y a veces tocando las puertas del triunfo en primera vuelta.

Esa ventaja requiere madurez y serenidad. Me parece una tontería que teniendo dicha ventaja, empiecen a responder a la campaña de la gente provocadora de Héctor Acurio de Ahora Nación. Venceremos debiera estar pensando en la Gobernabilidad y el Buen Gobierno, esa es su tarea central en esta etapa más allá de las elecciones.

¿HAY UN GIRO EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE AHORA NACIÓN?

El giro táctico en Ahora Nación, polarizando con Venceremos, se hace a partir de la llegada en las últimas semanas, de un grupo de funcionarios de la gestión de Werner Salcedo, que antes estaban agrupados con Iván Aparicio; ante el retroceso de este candidato, pasaron a engrosar y dirigir la campaña en el partido del casco.

La disputa por el segundo lugar de Ahora Nación, debiera ser con el PRIN de Aparicio y con Perú Primero del médico Paucarmayta, que sube sus bonos con el despegue en Cusco de Willian Peña; estos dos grupos son los potencialmente contrincantes principales de Acurio, que lo pueden dejar fuera de carrera; pero curiosamente ahora los dejan tranquilos y enfilan sus ataques a Mendoza de Venceremos.

¿CÓMO ANDAN LOS OTROS PARTIDOS PROGRESISTAS, PINTAN O NO PINTAN?

Es interesante la propuesta del Frente Regional Túpac, ha madurado su propuesta de la alianza Andes – Amazonía, de manera real a diferencia de otros candidatos que son parte del centralismo cusqueño existente. Para materializar su propuesta, Edgar Ochoa ha concentrado su campaña en su tierra de origen que es La Convención; si logra hacer conciencia del voto amazónico, con esta cercanía del voto terruño, lo ayudará a equilibrar su electorado, frente a otros partidos. No olvidemos que Salcedo ganó las elecciones con el voto cerrado de Provincias Altas, puede ahora surgir el voto amazónico y valluno.

En cuanto a Juntos por el Perú, sus probabilidades electorales en La Convención y Calca, están en cuestión, por ahora han parado la fuga de votos con un comunicado de sus bases provinciales, convocando a garantizar primero sus votos propios como JP, para elegir a sus candidatos; rectificando a Roberto Sánchez, que llamó a votar por Verónika Mendoza. Veremos cómo termina eso.

¿CÓMO REACCIONARÁN EL CENTRALISMO Y LOS GRUPOS DE PODER, ANTE UN EVENTUAL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA EN CUSCO?

Un triunfo de la izquierda en Cusco, no será bien recibida por los grupos de poder nacional, peor por Keiko Fujimori que atribuye muchas de sus derrotas al progresismo en el sur del país. Los virulentos ataques a Mendoza actualmente en los medios regionales y nacionales, son el preludio de dicha campaña.

La derecha ha tenido la habilidad en utilizar varias tácticas contra autoridades opositoras: en primer lugar la política de la domesticación o cooptación de las autoridades discrepantes a su modelo y política, como hicieron con Ollanta Humala, particularmente con Nadine. A los tibios como a Werner Salcedo los arrodillan con un grito.

Crean también condiciones para empujar hacia un GOBIERNO FALLIDO, por la vía de cerrar las inversiones, retrasar y recortar los presupuestos, recentralizar todos los recursos y servicios, demostrar y promover la inutilidad e incapacidad del gobierno propiamente dicho, azuzar contradicciones, promover ola de corrupciones entre sus funcionarios.

Construir la gobernabilidad, no es solo ganar las elecciones, en este proceso se requiere avanzar en la tarea estratégica, de validar, recrear y organizar la mayoría electoral hacia una hegemonía regional. Para esto se requiere la formulación más precisa y concreta del Proyecto Regional del cambio y su Plan de Gobierno, construir una fuerza o un bloque político – social y cultural; en esta correlación y alianza en que descansa la vitalidad, iniciativa, fortaleza para cumplir las propuestas de cambio existente. La gobernabilidad no es la repartija de gerencias, no es la suma de siglas partidarias o la imposición de caudillos.

Junto al Bloque Regional y Popular del cambio, se requiere UN BUEN GOBIERNO, que de saque ya es distinto a la administración burocrática de la región. Este es uno de los principales talones de las nuevas gestiones. Se requiere a un buen equipo de gobierno, con experiencia y renovación, capacitado y talentoso, honradez comprobada, conectado a su sociedad o sector. Equipo que es parte de acertado liderazgo, capaz de enfrentar la ofensiva en marcha y poder superar todos los escollos que provienen desde las fuerzas conservadoras.

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Cusco registra la menor brecha de ingresos entre profesionales técnicos de cuatro regiones analizadas: 20.5%

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  • Las mujeres con educación superior no universitaria perciben en promedio S/1,621 mensuales, frente a S/2,040 de los hombres. La diferencia es de S/419 al mes, según según análisis del Observatorio de Empleabilidad de IDAT.

#aprimerahoracusco.com.- Entre las personas ocupadas con educación superior no universitaria en Cusco, los hombres perciben un ingreso promedio mensual de S/2,040, frente a S/1,621 de las mujeres. La diferencia asciende a S/419 mensuales y equivale a una brecha de 20.5% respecto del ingreso masculino, informó el Observatorio de Empleabilidad de IDAT sobre la base de cifras del INEI-EPEN y los Observatorios Socioeconómicos Laborales regionales.

Tomando como aproximación estadística oficial a los profesionales técnicos a la población ocupada con educación superior no universitaria, Cusco presenta la menor brecha entre las cuatro regiones analizadas por el Observatorio. Para Silvana de los Heros, head de Empleabilidad de IDAT, el resultado es relevante, aunque todavía muestra una diferencia económica que debe seguir siendo observada a lo largo de la trayectoria laboral.

“Cusco muestra una distancia menor dentro del grupo de regiones analizadas, pero una brecha de 20.5% sigue siendo significativa. La formación técnica abre oportunidades concretas; el desafío es que hombres y mujeres puedan transformar esa formación en trayectorias de crecimiento y mejores ingresos en condiciones cada vez más equitativas”, señaló de los Heros.

EL DESAFÍO ESTÁ EN LAS TRAYECTORIAS LABORALES

En términos simples, por cada S/100 de ingreso promedio de un hombre con educación superior no universitaria en Cusco, una mujer percibe cerca de S/80. La diferencia regional es menor que las observadas por el mismo análisis en Ica, Lambayeque y La Libertad.

A nivel nacional, el último dato oficial disponible identificado con desagregación por sexo y nivel educativo, correspondiente a 2024, muestra una brecha mayor: los hombres con educación superior no universitaria percibieron en promedio S/2,144 mensuales, frente a S/1,508.5 de las mujeres. La diferencia fue de S/635.5, equivalente a 29.6%.

El escenario convive con una mejora en los ingresos del segmento. En Lima Metropolitana, donde existe una serie reciente comparable, el ingreso promedio de las personas con educación superior no universitaria creció 6.9% en 2025 y superó por primera vez los S/2,000 mensuales hacia el cierre del año; entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, avanzó 7.6% interanual.

De los Heros sostuvo que el reto debe abordarse desde las trayectorias laborales, con medidas de continuidad alrededor de la maternidad, mayor formalización de los primeros empleos y transparencia sobre bandas salariales y oportunidades de crecimiento. Precisó que las cifras reflejan diferencias de ingresos promedio y no implican, por sí solas, discriminación salarial directa.

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