#aprimerahoracusco.com.- Las condiciones climáticas se complicaron este martes en la ruta de acceso a la Montaña de Siete Colores, donde una intensa nevada cubrió gran parte del camino y dificultó el desplazamiento de visitantes y vehículos.

La carretera de ascenso quedó cubierta de nieve, barro y hielo, mientras la neblina y la reducida visibilidad impedían apreciar el atractivo turístico. En varios sectores, el acceso se volvió sumamente complicado debido a las condiciones de la vía.

Una turista española que llegó al lugar relató que durante el ascenso no recibió información previa sobre el deterioro de las condiciones climáticas. La visitante cuestionó que los viajeros no sean advertidos antes de iniciar el recorrido.

“Deberían cortar la carretera de subida”, manifestó, al considerar que las condiciones representaban un riesgo para quienes intentaban llegar hasta la montaña.

Las imágenes registradas en el sector muestran a visitantes y vehículos intentando desplazarse en medio de la nieve y el barro, en un escenario donde la visibilidad se redujo considerablemente.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y monitoreo en los principales destinos turísticos de alta montaña del Cusco. Las autoridades y operadores turísticos deberían evaluar permanentemente las condiciones meteorológicas antes de permitir el ascenso de visitantes.

La actividad turística no puede estar por encima de la seguridad. Ante condiciones que comprometan el tránsito o la integridad de los viajeros, una restricción temporal o un cierre preventivo pueden resultar determinantes para evitar una emergencia.

El turismo también se protege previniendo. Para un destino que recibe visitantes de todo el mundo, informar oportunamente, advertir sobre los riesgos y adoptar medidas de seguridad cuando las condiciones lo ameriten son acciones indispensables para garantizar una experiencia segura.

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#aprimerahoracusco.com.- La Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR) participó en un operativo multisectorial preventivo en los sectores de San Juan y San José, en Huaypo Grande-Cruzpata, distrito de Chinchero, para supervisar la prestación de servicios turísticos de cuatrimotos y buggies y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y formalidad exigidas por la normativa vigente.

La intervención se desarrolló junto a la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría de Chinchero y la Policía de Carreteras, y la Municipalidad Distrital de Chinchero. Durante el operativo se fiscalizó a dos operadores de agencias de viajes y turismo que brindaban estos servicios, verificándose que no contaban con la autorización sectorial correspondiente para operar en esta modalidad, por lo que se procedió al levantamiento de las actas respectivas y al registro de las observaciones encontradas.

Asimismo, durante el recorrido se evidenció que algunos vehículos vinculados a esta actividad circulaban por vías nacionales, pese a existir restricciones para este tipo de transporte, generando situaciones de riesgo para turistas nacionales y extranjeros. Ante estos hechos, las autoridades competentes realizaron las intervenciones correspondientes, reafirmando la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad en el desarrollo de estas actividades.

Como parte de la intervención, la GERCETUR también verificó los servicios contratados por visitantes que llegaron a través de agencias de viajes, recomendando a los turistas optar siempre por operadores formales y autorizados. Estas acciones buscan proteger al visitante, promover servicios turísticos de calidad y evitar que la informalidad genere riesgos o competencia desleal dentro del sector.

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#aprimerahoracusco.com.- El Poder Judicial absolvió a los defensores de la comunidad originaria de Llusco, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, quienes enfrentaron un proceso judicial durante más de una década luego de participar en protestas contra la contaminación que las comunidades atribuyeron a la actividad de la minera Anabi.

El caso se remonta a las movilizaciones registradas en 2011 y 2012, cuando comunidades campesinas denunciaron presuntos impactos ambientales en los ríos Molino y Santo Tomás, así como afectaciones relacionadas con el tránsito de vehículos vinculados a la empresa minera. Tras las protestas, varios dirigentes fueron denunciados por presuntos hechos ocurridos en las instalaciones del campamento de Anabi.

Los comuneros ya habían sido absueltos en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2024, la Corte Suprema ordenó la realización de un nuevo juicio oral luego de un recurso presentado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. En el proceso, algunos dirigentes llegaron a enfrentar pedidos de hasta 30 años de prisión.

La reciente absolución ha sido considerada por organizaciones sociales y de defensa ambiental como un precedente frente a lo que califican como criminalización de la protesta social. El fallo sostiene que la condición de dirigente social o comunal, por sí sola, no constituye fundamento suficiente para atribuir responsabilidad penal.

El caso vuelve a poner en debate los límites entre la protesta social, la defensa del territorio y la respuesta del sistema de justicia frente a las comunidades que denuncian posibles impactos ambientales y exigen atención a sus demandas.

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