#cusco#aprimerahora.com.- Los gremios sindicales de la provincia de Canchis acatan desde ayer miércoles una medida de protesta convocada por las organizaciones SITME, SUTE y SITASE, quienes exigen a las autoridades educativas regionales evaluar la permanencia de funcionarios de confianza de la UGEL Canchis, debido a presuntas irregularidades denunciadas por los dirigentes sindicales.

Según informaron, el pedido se sustenta en diversos documentos, informes de control y denuncias administrativas que consideran de interés público y que, aseguran, deben ser investigados por las instancias correspondientes.

Entre los principales cuestionamientos figura la Directora de la UGEL Canchis, a quien los sindicatos señalan por un presunto encubrimiento al personal de la jefatura de Asesoría Legal. Los dirigentes mencionan posibles irregularidades vinculadas al uso de licencias laborales, así como observaciones contenidas en un informe de control institucional.

Asimismo, la jefatura de Administración enfrenta denuncias relacionadas con el manejo de documentación institucional y observaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional respecto al almacenamiento de bienes públicos.

De igual manera, la jefatura de Gestión Institucional es cuestionada por su participación en un proceso de acceso a una plaza administrativa, situación que, según los gremios, debe ser esclarecida por las autoridades competentes.

Los dirigentes sindicales también expresaron preocupación por un presunto conflicto de intereses en un proceso interno de evaluación institucional, por lo que demandan la intervención de la Gerencia Regional de Educación del Cusco y de los órganos de control correspondientes.

Las organizaciones sindicales solicitaron que se determinen responsabilidades, de existir estas, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las personas involucradas.

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#cusco#aprimerahora.com.- La reunión programada para este viernes 05 de junio con la titular del Ministerio de Educación fue suspendida luego de los acuerdos alcanzados entre los estudiantes y la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), en la provincia de La Convención.

Este encuentro había sido gestionado por el presidente de la Mancomunidad Municipal Amazónica de La Convención, Guido Figueroa Ramos, y previamente confirmado por el congresista de la República, Luis Ángel Aragón, con el objetivo de atender las demandas y preocupaciones planteadas por la comunidad universitaria.

Sin embargo, tras el diálogo sostenido entre los representantes estudiantiles y las autoridades universitarias, ambas partes lograron suscribir compromisos orientados a solucionar la problemática existente dentro de la casa superior de estudios, motivo por el cual se decidió suspender la cita prevista con la ministra de Educación.

Las autoridades y representantes involucrados destacaron la importancia del diálogo y la voluntad de consenso para garantizar la estabilidad institucional y asegurar la continuidad de las actividades académicas en beneficio de los estudiantes de la UNIQ.

Asimismo, se espera que los acuerdos adoptados permitan fortalecer el clima institucional y encaminar soluciones sostenibles para atender las necesidades de la comunidad universitaria de Quillabamba.

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#cusco#aprimerahora.com.- La Contraloría General de la República detectó una grave irregularidad en la administración del gasto público en la Municipalidad Distrital de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, tras advertir que funciones financieras clave habrían sido delegadas a personal externo sin vínculo laboral con el Estado.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 6911-2026-CG/PREV-AOP, la actual gestión edil, encabezada por el alcalde Richar Bellido Ugarte, permitió que personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios sean registradas en el Sistema de Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (AERAF), herramienta utilizada para autorizar el denominado “Gasto Devengado”, etapa fundamental en la ejecución del presupuesto público.

La Contraloría señaló que esta práctica contraviene las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a que dichas funciones solo pueden ser ejercidas por funcionarios o servidores con vínculo laboral formal y responsabilidad administrativa directa.

El ente fiscalizador advirtió que los locadores de servicios no están sujetos al régimen disciplinario de la Ley N.º 30057, lo que genera un vacío legal frente a eventuales irregularidades en el manejo de recursos municipales. Asimismo, remarcó que la autorización del gasto devengado es una función indelegable y de carácter personal, exclusiva e intransferible.

El informe también precisa que el manejo de claves y la autorización de pagos debe recaer únicamente en funcionarios acreditados legalmente por la entidad, por lo que la delegación a terceros mediante órdenes de servicio pone en riesgo la legalidad y transparencia del uso de fondos públicos.

Ante esta situación, la Contraloría notificó oficialmente al alcalde de Livitaca y otorgó un plazo de veinte días hábiles para que la municipalidad presente un Plan de Acción Correctivo. Este deberá incluir medidas para dejar sin efecto las acreditaciones irregulares y garantizar que los procesos financieros sean asumidos por personal debidamente facultado.

De no adoptarse las acciones correspondientes, la comuna podría enfrentar consecuencias legales y administrativas por incumplir las normas que regulan la administración financiera del Estado.

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