#aprimerahoracusco.com.- La región Cusco registra ocho víctimas mortales a consecuencia de los incendios forestales. La última víctima fue identificada como Frankin Morales, de 34 años, quien se dedicaba al pastoreo de ovinos y cuyos restos calcinados fueron hallados en una zona limítrofe entre los distritos de Alto Pichigua y Pallpata, en la provincia de Espinar.

Morales se encontraba desaparecido desde el incendio forestal registrado el pasado 5 de octubre. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco, Miguel Osco, confirmó el hallazgo y precisó que el fallecido presentaba una condición especial de salud mental.

El funcionario también aclaró que, hasta el momento, no existe información oficial que permita atribuirle el inicio del fuego, pese a las versiones que circulan sobre su presunta responsabilidad y la de sus familiares. Indicó que estas afirmaciones son materia de investigación y que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos.

La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán determinar el origen del incendio y las circunstancias en las que el pastor quedó atrapado entre las llamas.

Según el balance del COER, la región acumula más de 370 incendios forestales y más de 13 mil hectáreas afectadas. Al momento de las declaraciones, el distrito de Yanatile era el único que mantenía un incendio activo.

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#aprimerahoracusco.com.- Un informe de la Contraloría General de la República advirtió presuntas irregularidades en la contratación de un proveedor en la Municipalidad Provincial de Urubamba durante el año 2023. Según el documento de control, la comuna contrató por un monto total de 30 mil 500 soles a una persona que habría estado legalmente impedida de contratar con el Estado por su vínculo de parentesco y es yerno de un juez superior titular de la Corte Superior de Justicia del Cusco.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 061-2026-2-0392-AOP, el Órgano de Control Institucional identificó dos órdenes de servicio otorgadas al proveedor identificado con las iniciales G. V. H. P quien en el primer contrató fue emitido el 19 de abril de 2023 por 29 mil soles, correspondió a la elaboración del expediente técnico de un proyecto de movilidad urbana en el jirón Palacio del centro poblado de Urubamba, el segundo fue el 23 de noviembre del mismo año por mil 500 soles, estuvo destinada a la capacitación de agentes de tránsito locales.

Ambos servicios fueron tramitados y pagados por la municipalidad entre julio y diciembre de 2023. Sin embargo, la Contraloría advirtió que el proveedor tenía un vínculo de parentesco en primer grado de afinidad, al ser yerno de un magistrado que ejercía el cargo de juez superior titular durante ese periodo. Esta relación habría configurado un impedimento legal para contratar con el Estado, conforme a la normativa de contrataciones públicas aplicable.

El informe también señala que el proveedor presentó declaraciones juradas en las que manifestó no encontrarse comprendido en las prohibiciones establecidas en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Entre los documentos revisados figuran el Anexo N.º 10 y el Formato N.º 4, presentados ante la Unidad de Logística de la entidad.

Asimismo, la comisión de control verificó que, en la declaración jurada presentada el 19 de abril de 2023, el proveedor marcó la opción negativa ante la consulta sobre impedimentos para contratar con el Estado. Este documento estuvo relacionado con la Orden de Servicio N.º 0000322 y fue remitido posteriormente mediante el Informe N.º 088-2024-FMAS-UT/GA, del 2 de mayo de 2024.

La documentación también se vinculó con la emisión del Comprobante de Pago N.º 3340, fechado el 7 de julio de 2023, por el trámite correspondiente al servicio contratado.

La Contraloría puso estos hechos en conocimiento a través de su informe de control, que advierte posibles vulneraciones a los principios de legalidad, transparencia e integridad en la administración pública. Corresponderá a las instancias competentes evaluar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos identificados.

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#aprimerahoracusco.com.- El Gobierno Regional del Cusco continúa con los trabajos de culminación del saldo de obra del puente Enrique P. Mejía, en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, proyecto que cuenta con una inversión superior a los cinco millones de soles y cuya entrega está prevista para el mes de diciembre de 2026.

La infraestructura tendrá 50 metros de longitud y 14 metros de ancho, con dos carriles para el tránsito vehicular y veredas a ambos lados. Actualmente, los trabajos incluyen el vaciado de concreto armado de la calzada, una etapa importante para completar esta obra destinada a mejorar la circulación y las condiciones de conectividad en la zona.

Según la información difundida por el Gobierno Regional, la ejecución del proyecto también genera empleo para 50 jefes de familia, contribuyendo a la economía local. Una vez culminado, el puente permitirá facilitar el tránsito de personas y vehículos, favorecer el comercio y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la provincia de Canchis y el sur de la región Cusco.

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