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Conflicto territorial entre comuneros de Pomacanchi y Acopia provoca serios enfrentamientos- Acomayo

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#cusco#aprimerahora.com.- Un conflicto territorial se registró el sabado 13 de diciembre en el sector denominado Chectapatapata, en la provincia de Acomayo, entre los comuneros de los distritos de Pomacanchi y Acopia, dejando el saldo de heridos y otros

Este hecho se registró a consecuencia de una delimitación territorial, en ambos bandos hubieron heridos, quienes según informaron, se constituyeron a la zona de conflicto los dos grupos, que al final culmino en enfrentamientos, para ello informan que no hubo la policia, menos intervinieron las autoridades del Cusco.

Este lamentable episodio viene de años atrás, sin que se pongan de acuerdo entre ambos pobladores de estas comunidades  que  pugnan por la territorialidad de las comunidades.

Los pobladores exigen la intervención inmediata del Gobierno Regional, la Policía Nacional y las autoridades provinciales, a fin de evitar que la situación escale a hechos de violencia mayores y se restablezca la paz social. Advierten que la ausencia del Estado en conflictos limítrofes solo profundiza las disputas y pone en riesgo la convivencia y seguridad de las familias de ambas jurisdicciones.

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Contraloría detecta graves irregularidades en concurso CAS de la Municipalidad de Canas

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#usco#aprimerahora.com.- El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en el desarrollo del concurso público CAS N.° 001-2026 de la Municipalidad Provincial de Canas, advirtiendo un alto riesgo en la contratación de personal que no cumpliría con los requisitos exigidos para ejercer funciones públicas.

De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N.° 024-2026-OCI/0383-SOO, la entidad edil habría omitido ejecutar la fiscalización posterior de los expedientes presentados por los postulantes ganadores y aptos, vulnerando los principios de legalidad y presunción de veracidad establecidos en la normativa vigente.

Entre los hallazgos más graves, la Contraloría reveló que el título profesional del postulante ganador para la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de Información, identificado con las iniciales LDV, así como el título técnico del postulante apto VLC, no figuran registrados en las plataformas oficiales de la SUNEDU ni del Ministerio de Educación.

Asimismo, el ente de control detectó presuntas inconsistencias en la experiencia laboral declarada por algunos postulantes. En el caso del ganador para Asistente Legal, identificado como MCHP, y del postulante apto EIP, se encontraron superposiciones de fechas y duplicidad laboral simultánea en distintas provincias, situación que pone en duda la autenticidad de la información presentada para acceder a los cargos.

El informe también advierte que varios postulantes seleccionados no acreditarían el perfil mínimo requerido para ocupar puestos públicos. Por ejemplo, la seleccionada como Asistente Técnico de Tránsito, identificada como EACC, no sustentó contar con título técnico ni experiencia en Control Gubernamental. Del mismo modo, el postulante designado como Jefe de Seguridad Ciudadana, identificado con las iniciales AHJ, no acreditó los años de servicio en la Policía Nacional del Perú consignados en su expediente.

A ello se suman múltiples observaciones formales en otros expedientes evaluados. Según la Contraloría, al menos siete postulantes omitieron firmas obligatorias, alteraron el orden cronológico de sus documentos, presentaron folios incompletos y no llenaron las declaraciones juradas obligatorias relacionadas al parentesco y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Ante estas irregularidades, el OCI solicitó con carácter urgente un informe sobre las acciones correctivas adoptadas por la comuna provincial. Sin embargo, mediante el Oficio N.° 020-2026-SCI-GM/MPC, el gerente municipal reconoció que la entidad aún no ha realizado la revisión posterior correspondiente, dejando dicha medida pendiente pese a que los trabajadores ya vienen ejerciendo funciones administrativas.

La Contraloría advirtió que esta omisión genera un grave escenario de incertidumbre respecto a la legalidad de las contrataciones y podría ocasionar que la municipalidad formalice pagos con recursos públicos a personal que no reúne las condiciones exigidas por ley.

Finalmente, el organismo fiscalizador alertó que esta situación podría derivar en la nulidad de los actos administrativos realizados por dichos trabajadores, además de generar perjuicio económico para la provincia y eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios involucrados en el proceso de selección.

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Procurador de Chamaca renuncia tras escándalo por presunto desvío de cemento

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#cusco#aprimerahora.com.- El procurador publico de la Municipalidad Distrital de Chamaca, abogado Edwin Alejandro Colque Quispe, presentó su renuncia irrevocable en medio de fuertes cuestionamientos por presuntos actos de corrupción relacionados al desvío de cien bolsas de cemento.

Según el documento dirigido al gerente municipal, economista Freddy Almansa Barriga, el ahora exprocurador señaló que en reiteradas oportunidades solicitó información sobre la ejecución de obras donde se habrían detectado hechos presuntamente dolosos; sin embargo, afirmó que no existieron las condiciones adecuadas para cumplir sus funciones de defensa jurídica.

La dimisión ocurre luego de las denuncias que involucran al alcalde Domingo Salas Centeno, quien habría ordenado el traslado de cien bolsas de cemento hacia la vivienda de la madre de una trabajadora municipal. De acuerdo con las versiones difundidas, el material habría sido transportado utilizando un volquete de la comuna distrital.

Asimismo, se informó que inicialmente la familiar indicó que el cemento había sido comprado, aunque posteriormente habría señalado que las bolsas serían devueltas cuando la Policía realizara la inspección correspondiente.

Frente a este hecho, presidentes de diversas comunidades campesinas de Chamaca emitieron pronunciamientos públicos exigiendo una investigación rigurosa y transparente sobre el presunto desvío de materiales de construcción.

El caso viene generando preocupación entre la población y mayores pedidos de intervención por parte de las autoridades competentes.

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Gremios de Canchis acatan huelga y piden investigación y cambios de funcionarios de la UGEL

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#cusco#aprimerahora.com.- Los gremios sindicales de la provincia de Canchis acatan desde ayer miércoles una medida de protesta convocada por las organizaciones SITME, SUTE y SITASE, quienes exigen a las autoridades educativas regionales evaluar la permanencia de funcionarios de confianza de la UGEL Canchis, debido a presuntas irregularidades denunciadas por los dirigentes sindicales.

Según informaron, el pedido se sustenta en diversos documentos, informes de control y denuncias administrativas que consideran de interés público y que, aseguran, deben ser investigados por las instancias correspondientes.

Entre los principales cuestionamientos figura la Directora de la UGEL Canchis, a quien los sindicatos señalan por un presunto encubrimiento al personal de la jefatura de Asesoría Legal. Los dirigentes mencionan posibles irregularidades vinculadas al uso de licencias laborales, así como observaciones contenidas en un informe de control institucional.

Asimismo, la jefatura de Administración enfrenta denuncias relacionadas con el manejo de documentación institucional y observaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional respecto al almacenamiento de bienes públicos.

De igual manera, la jefatura de Gestión Institucional es cuestionada por su participación en un proceso de acceso a una plaza administrativa, situación que, según los gremios, debe ser esclarecida por las autoridades competentes.

Los dirigentes sindicales también expresaron preocupación por un presunto conflicto de intereses en un proceso interno de evaluación institucional, por lo que demandan la intervención de la Gerencia Regional de Educación del Cusco y de los órganos de control correspondientes.

Las organizaciones sindicales solicitaron que se determinen responsabilidades, de existir estas, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las personas involucradas.

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